Los dilemas del Gobierno ante el Presupuesto 2026, entre presiones y descoordinaciones

El Gobierno llega al debate en el Senado del proyecto de Presupuesto 2026 en medio de múltiples desafíos, descoordinaciones y dudas, sobre todo. Lo sucedido en la Cámara de Diputados hace una semana con la quita del polémico artículo 11 sembró interrogantes y expuso, una vez más, las internas que atraviesa La Libertad Avanza.

En principio, hay que señalar que a diferencias de años anteriores, el oficialismo quiere tener una ley de previsión de gastos. Es un pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los mercados. Pero en esa iniciativa colocó artículos incomodos para la oposición dialoguista, como el 11 que derogaba las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad o aquel que introducía modificaciones en la ley de zonas frías.

En la semana, un integrante de Innovación Federal, el bloque que agrupa a legisladores que responden a gobernadores como el de Salta (Gustavo Sáenz) o Misiones (Hugo Passalaqcua), comentó que le costaba entender cómo el espacio violeta avanzó a toda prisa sin considerar el escenario. Bastaba solamente más negociación y flexibilidad para avanzar sin ruidos con el texto y no tener una derrota más allá de la aprobación en general que recibió la iniciativa.

Por estos días, más allá de discursos públicos, todavía resuena una autocrítica por parte de miembros de LLA. Dicen que faltaron tiempos y hubo redacciones confusas que complicaron la sanción en la Cámara baja en un aspecto clave. Y que obligó a diferentes miembros del oficialismo a encarar posturas, hasta contradictorias, sobre qué hacer para no cumplir con dos leyes que, a los ojos del Gobierno, determinan déficit fiscal. Algunos, los negociadores, hablaron de cambios para equilibrar las cuentas. Otros son partidarios de avanzar a toda costa y mostrar que Javier Milei tiene una mayoría parlamentaria eficaz.

Queda de todos modos un obstáculo más. La oposición más permeable a la negociación reclamó cambios en los artículos 30, que propone eliminar los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef). Y en el 12, que condiciona el financiamiento de las universidades nacionales al cumplimiento de requisitos de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano.

Estos dos aspectos no estuvieron en el radar de aquellos miembros violetas que se encargan de tender puentes con la oposición, lanzan desde la Casa Rosada. Lo que genera inquietud en despachos de Balcarce 50, que muestran como la disputa entre los Menem (Martín, titular de la Cámara baja, y Eduardo, miembro de la secretaria general de presidencia) y Karina Milei y el estilo de Santiago Caputo, principal asesor presidencial, sigue latente y se puede profundizar dependiendo del resultado de la votación en el Senado.

Si la oposición logra introducir modificaciones y el texto debe volver a Diputados, el Ejecutivo planea extender las sesiones extraordinarias durante la primera semana de enero para intentar sancionarlo cuanto antes. Algo que ya fue definido por la mesa política de LLA, la que integran la hermana del Presidente, el asesor, los Menem y Manuel Adorni, jefe de Gabinete. ¿El argumento? Pese a la derrota que puede significar que más allá de la mayoría legislativa el Gobierno tiene que ceder en puntos clave, y que no pensaba negociar, la Casa Rosada pretender sancionar un proyecto para dar una señal de «control fiscal» a los mercados antes del 9 de enero, fecha en la que vencen más de US$4.000 millones de deuda.