Una encuesta alerta sobre el alto rechazo al entorno de Karina Milei

Tras el oxígeno financiero logrado en Estados Unidos, Javier Milei regresó al país para retomar la campaña a un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. El Presidente estará el lunes en Tierra del Fuego y planea visitar otras provincias como Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos luego de estar en Córdoba en la previa a su viaje a Nueva York para mantener una bilateral con Donald Trump y hablar ante la Asamblea de Naciones Unidas.

En La Libertad Avanza preocupa una encuesta que revela un alto rechazo al entorno de Karina Milei, en especial a Martín y Eduardo «Lule» Menem quienes funcionan como brazos políticos de la secretaria general de la Presidencia. Esos datos podrían obligar al Presidente a ensayar un volantazo en el tramo final de la campaña y empezar a mostrarse sin su hermana arriba de los escenarios y en las actividades donde tendrá un protagonismo casi unipersonal.

Es que más allá del salvataje anunciado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el clima social de septiembre está atravesado por el malestar económico y la desconfianza hacia la dirigencia. La mayoría de los argentinos percibe que su situación personal se deteriora y que el rumbo del país es negativo. En este marco, de acuerdo a una encuesta de la consultora Zentriz que circula en Casa Rosada, seis de cada diez encuestados desaprueban la gestión del presidente Javier Milei, lo que confirma un nivel de insatisfacción extendido en la sociedad.

A este rechazo se suma la crítica hacia referentes históricos asociados al oficialismo actual: el 73% tiene una imagen negativa de la familia Menem, que hoy ocupa lugares clave en el Gobierno, desde la presidencia de la Cámara de Diputados a cargos estratégicos en la Casa Rosada. En paralelo, la figura de Karina Milei también aparece en el centro de las tensiones: el 60% de los encuestados cree que podría estar involucrada en hechos de corrupción, ampliando la desconfianza más allá del propio presidente y reforzando el clima de rechazo hacia su círculo más cercano.

El escepticismo hacia los indicadores oficiales se mantiene en niveles elevados. Este mes, el 66,7% de los encuestados sostiene que los datos del INDEC no reflejan la inflación real, frente a un 30% que sí los acepta. La desconfianza se alimenta de demoras técnicas históricas: la canasta de bienes y servicios del IPC no se actualiza de manera integral desde 2016, cuando se incorporaron ponderaciones basadas en la Encuesta de Gastos de los Hogares de 2004. Desde entonces, sólo se realizaron ajustes parciales, sin una revisión completa que acompañe los cambios en los hábitos de consumo.

Ese trasfondo explica buena parte del descreimiento actual. Las estructuras de gastos de los hogares se han transformado de forma profunda en las últimas dos décadas, con mayor peso relativo de rubros como servicios digitales, transporte, salud y educación privada. Sin embargo, la canasta oficial sigue atada a patrones de consumo de hace más de 20 años, lo que genera una desconexión evidente. En un contexto donde cada vez más familias perciben que el sueldo no alcanza para cubrir necesidades básicas, la distancia entre los precios que mide el INDEC y los gastos cotidianos alimenta la sensación de que los indicadores no capturan la realidad, reforzando la desconfianza en la estadística pública.

Después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, la encuesta revela un mensaje claro de la sociedad: la mayoría discute qué tipo de cambios debe encarar el Gobierno nacional. El 45% de los encuestados pide explícitamente escuchar más las demandas sociales y aplicar políticas de alivio para los sectores más bajos, mientras que otro 34% se reparte entre quienes reclaman acuerdos con la oposición e introducción de correcciones en el rumbo económico. Sólo uno de cada cinco sostiene que Milei debería seguir sin modificaciones, lo que muestra que incluso entre sus propios votantes existe la expectativa de ajustes.

La agenda que surge de esta demanda conecta directamente con la percepción de los principales problemas nacionales. Tres de cada diez señalan a la situación económica como el desafío más urgente y uno de cada cuatro ubica a la corrupción en segundo lugar. Es decir, no sólo hay un reclamo por la pérdida de poder adquisitivo y la sensación de que el sueldo no alcanza, sino también por la falta de transparencia y los conflictos de intereses que atraviesan a la política. En conjunto, los datos configuran un cuadro en el que la ciudadanía exige respuestas concretas: aliviar la presión sobre los ingresos, recomponer la confianza en las instituciones y abrir canales de diálogo que permitan salir del actual clima de confrontación.