Judicialización descontrolada: advierten por inminente cierre de clínicas

Se trata de CAPRESS (Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social) que publicó un informe en el que detallan que esta en riesgo el sistema de guardias e internaciones clínicas que cubre al 65% de la población. Juicios millonarios en dólares, miedo a sentencias judiciales sin correcta argumentación y la preocupación de los médicos ponen en riesgo hoy al sistema de salud nacional.

“El sistema de salud argentino –público y privado– se encuentra en una situación crítica, no solo por razones presupuestarias o de gestión, sino por un fenómeno mucho más profundo y corrosivo: la judicialización descontrolada. La proliferación de litigios laborales y denuncias por mala praxis, incentivada por interpretaciones judiciales arbitrarias, está generando una crisis de sostenibilidad que amenaza con desmantelar la estructura sanitaria del país”, explican y agregan que “frente a esta realidad, resulta urgente y prioritario que el Congreso de la Nación sancione una ley específica que ponga límites técnicos y proporcionales al accionar judicial en materia de salud, garantizando al mismo tiempo los derechos de los trabajadores y pacientes, pero sin comprometer la continuidad del sistema”.

Frente a este panorama, desde la CAPRESS, proponen la urgente redacción y aprobación de una ley nacional que aborde integralmente el problema y destacan que debería basarse en la Creación de una Comisión Técnica Nacional de Evaluación de Responsabilidad Profesional Médica, con dictámenes vinculantes previos a toda acción judicial, lar regulación específica del régimen jurídico-laboral del sector salud, diferenciando los vínculos autónomos de los de dependencia, el establecimiento de límites legales claros a la actualización judicial de indemnizaciones, basados en la capacidad económica del prestador, la incorporación de mecanismos procesales eficaces contra el litigio temerario y extorsivo y la declaración del sistema de salud como sector esencial y estratégico, con protección reforzada ante medidas judiciales que puedan afectar servicios críticos.