La brújula de la CGT a días de la presentación de la reforma laboral

“No vamos a avalar ningún cambio a nivel colectivo, lo individual se puede conversar”, dice uno de los más distinguidos miembros de la CGT a horas de que el proyecto final de reforma laboral sea presentado. El último borrador contiene algunos cambios dedicados a no alterar los ánimos sindicales pero por estos momentos no alcanza a conformar una dirigencia sindical que se encuentra en alerta máxima.

Todas las modificaciones que circularon y se terminaron plasmando en el borrador definitivo de la iniciativa en torno a la modificación de los convenios colectivos, que al Gobierno le gusta llamar “modernización laboral”, no tienen el visto bueno de la cúpula gremial de la calle Azopardo y prometen ser resistidos a como de lugar. Es decir, el fin de la ultraactividad (la vigencia de los convenios colectivos de trabajo una vez que finalizan), la prelación laboral y la ampliación de servicios esencial (que a la vista de la CGT solo sirve para limitar el derecho a huelga) son puntos que serán rechazados. Solo se celebró que haya desaparecido el fin de la cuota solidaria, clave para el financiamiento de los sindicatos.

Además, los equipos jurídicos de cada gremio comenzaron a explorar posibles presentaciones judiciales si el proyecto llega a ser sancionado. Una voz al tanto de estos estudios anticipa que la ampliación de servicios esenciales es anticonstitucional. La calle Azopardo tiene en el abogado laboralista y diputado nacional de Fuerza Patria Hugo “Huguito” Moyano a uno de los cerebros de la resistencia al texto. De hecho, el hijo del líder de Camioneros mantiene el teléfono encendido y encara cónclaves de todo tipo con distintos dirigentes sindicales para hablar de este tema.

En este marco, un referente cegetista en la intimidad comenta que son varios los actores políticos que coinciden que el proyecto cuenta con puntos grises y disponen de reclamos ante la administración libertaria. La mirada de este cuadro relevante apunta a los gobernadores que conformaron el frente electoral Provincias Unidad y disponen de 24 legisladores en la Cámara de Diputados.

El miércoles por la tarde, en el centro porteño, hubo un cónclave entre el triunvirato de la central y los mandatarios del interior, como Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quienes además de conversar sobre el proyecto que incomoda al sindicalismo, también hablaron de las promesas incumplidas de la Casa Rosada. Y se acordó avanzar con una agenda legislativa en conjunto. Hay algo claro: los gobernadores no quieren tener problemas con los gremios y menos en la última parte del año. En torno al encuentro, vale destacar que fue generado por Gerardo Martínez, el máximo exponente de la Uocra y el hombre que mejor llegada tiene a los conductores del Ejecutivo.

En ese ámbito, los gobernadores mencionaron negociaciones que se encararon y no terminaron con resultados concretos con el Gobierno. En el oficialismo prometen atender esas situaciones para que el texto se sancione con celeridad y antes de fin de año. Pero, como suele suceder en cada negociación, no hay tiempos ni fondos disponibles (responsabilidad del ministro de Economía, Luis Caputo). Solo promesas.

En torno a lo que sí podría ser negociado y/o aceptado por la CGT sobre el proyecto de ley, figura todo aquello que apunta a la negociación individual, como el banco de horas y la flexibilización de las vacaciones. El razonamiento de la calle Azopardo es que son cuestiones que en la práctica ya suceden y se basan en un simple acuerdo entre la patronal y el empleado. “No nos vamos a oponer a algo que ya es moneda corriente”, plantean, con una promesa: están elaborando su propio proyecto de reforma laboral. No quieren quedar simplemente como un sindicalismo combativo: apuestan a proponer modificaciones sustanciales “sin tocar derechos adquiridos”.