El Gobierno y la CGT, en choque total y en un punto de casi no retorno

Con la presentación del proyecto de reforma laboral sobre la mesa se terminó de dinamitar la relación entre el Gobierno y la CGT. Una relación que estuvo marcada por las idas y vueltas desde el 10 de diciembre de 2023 pero que con la iniciativa de modernización laboral en marcha quedó hecha añicos y promete tener varios capítulos por delante.

Según pudo reconstruir este medio por parte de fuentes oficiales y gremiales, la actitud del oficialismo de prescindir de la central obrera al momento de redactar el proyecto, pese a tener a un representante sindical en el Consejo de Mayo, fue un golpe para la calle Azopardo y así se reflejó en la última reunión de los componentes del consejo directivo que se produjo el jueves al mediodía. A ese hecho se suma que, según la cúpula cegetista, la administración de Javier Milei se dedicó a “operar” en medios amigos, durante las últimas semanas, que podía avanzar en un entendimiento con el movimiento obrero. Y que iba a convocar a la CGT a hablar del tema. Nada más alejado de la realidad de acuerdo al entorno de un cacique gremial.

Es más: los cónclaves del Consejo que agrupó a distintos referentes sectoriales estuvieron marcados por los desacuerdos entre Gerardo Martínez, la cara sindical del órgano, y Martín Rappallini, el hombre de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se la pasaron intercambiando chicanas en más de un encuentro. Por eso, el jefe de la UOCRA dejó trascender ante los propios la idea de abandonar el Consejo a fines de octubre, una cuestión que se materializó recién en el último encuentro cuando el líder decidió no salir en la última foto.

Los popes de la calle Azopardo además insisten en que no pueden tolerar los cambios que afectan los derechos colectivos. Hay una novedad y que quedó plasmada en el cara a cara del jueves: pese a que la semana pasada planteaban que podían aceptar las modificaciones sobre derechos individuales de trabajadores (como el banco de horas o el fraccionamiento de las vacaciones), ahora decidieron rechazar todo el texto, artículo por artículo.

El análisis es que deben unificar un discurso potente y no mostrar matices cuando a los ojos del sindicalismo el texto “ataca las estructuras sindicales”, pese a que se eliminó el artículo que ponía fin a la cuota solidaria, eje clave en el financiamiento de los gremios. Así lo dijo Andrés Rodríguez, miembro de la mesa chica de la central: “Se generan muchas modificaciones en los derechos colectivos e individuales de las trabajadoras y de los trabajadores y, por lo tanto, la CGT ha tomado una decisión, indudablemente, para enfrentar esta realidad».

En relación a este enfrentamiento, el sindicalismo combatirá el proyecto en las calles, con la movilización a Plaza de Mayo el 18 de diciembre, en la Justicia y en el ámbito parlamentario. Un dato relevante: ya hubo contactos directos entre importantes dirigentes y senadores, dando cuenta que la CGT le colocará el cuerpo al combate. Y en unidad total como quedó a la vista en la foto que circuló de la conferencia de prensa: aparecieron los triunviros en primer plano y caras como la de Maia Volcovinsky (Judiciales), Horacio Arreceygor (SATSAID) y Verónica Scarpato (secretaria adjunta de Aeronavegantes). Se buscó una imagen potente y con mucha representación.

¿Qué dicen en Casa Rosada? El diálogo está cortado por un lado. Por otro, es claro que hubo áreas que trataron de buscar consensos y otros que no. Por ejemplo, Santiago Caputo, el asesor presidencial, fue uno de los que propició acercamientos. Mientras que el ala más dura de la administración libertaria con Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, impuso los cambios más sensibles y que tocaron la fibra de la central.

Esa falta de consenso se reflejó en idas y vueltas sobre la redacción de los borradores y la manera de comunicar el envío del proyecto al Senado, evidenciando la fragilidad del control político del Ejecutivo sobre su propia agenda legislativa.

A este punto se le añade que, aunque el Gobierno considera que estas medidas pueden dinamizar la creación de empleo formal y mejorar la competitividad, el rechazo en los sindicatos y los movimientos sociales y el impacto social de protestas ponen presión sobre la viabilidad política de la reforma. El jueves 18 de mayo será el primer test.