El círculo rojo presiona por más cambios en la reforma laboral

Esta semana, el día miércoles, Natalio Mario Grinman, el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) se presentó como principal orador del tradicional almuerzo del Rotary Club. Ante los socios de la organización, que sintonizan con su ideología, y apenas dos periodistas presentes, se dedicó a hablar del tema que atraviesa a empresarios y sindicalismo, el proyecto de reforma laboral que prepara el Gobierno. Desnudó, en ese ámbito amigable, que el círculo rojo tiene varias cuentas pendientes y que pretende que esas deudas estén reflejadas en la iniciativa que al oficialismo le gusta denominar “modernización laboral” que verá la luz el 9 de diciembre.

El dirigente sindical empresario, como le gusta autodenominarse, admitió que el borrador que circula, con trazos definidos, no alcanza. “No es la solución inmediata”, sostuvo categórico y amplió su concepto señalando que los juicos laborales constituyen el principal problema de miles de ejecutivos. Si el Gobierno no da respuestas concretas, remarcó, el proyecto no tiene utilidad, pese a los guiños que contiene a los empresarios, como el fin de la ultraactividad y la prelación laboral, dos ejes que impulsó Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

“Un juicio laboral de 2 millones de pesos terminan siendo de 30 y significa el fin de una pyme, ese es el principal problema”, declaró el titular de la CAC que reconoció que a través de Unión Industrial Argentina, órgano que tiene su representación en el Consejo de Mayo que elabora el proyecto, logró transmitir inquietudes y reclamos de sus pares. Pero se apuró en aclarar que hay cuestiones de las que no puede hablar. “Hay un código de confidencialidad en el Consejo de Mayo por este tema”, aseveró, dando cuenta que la administración Javier Milei no quiere que se sigan filtrando artículos y ejes ante una discusión interna intensa de la que dio cuenta este medio.

A dirigentes como Grinman no le interesa el espíritu anti sindical de la iniciativa, que es un aspecto que promueve Sturzenegger y a que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, le causa escozor. “¿A qué empresario le puede afectar el cobro de la cuota solidaria de un gremio? A ninguno. ¿La elección indefinida de un sindicalista? Las instituciones son democráticas y tienen sus reglas de juego”, definió el ejecutivo que tiene 9 años al frente de la CAC. Una frase que no cayó muy bien en Balcarce 50.

En ese marco, volvió a reiterar que las indemnizaciones deberían tener un tope, algo que todavía no está definido en el texto final, y que se debe reglamentar el artículo de la ley Bases dedicado a impedir y a permitir el despido de aquellos sindicalistas que bloqueen el ingreso un emprendimiento comercial. Es un eje que estuvo en el decreto 70/2023, frenado por la Cámara Nacional del Trabajo, y que apareció en la normativa Bases. Pero gracias a una negociación express de parte de la CGT, con el asesor Santiago Caputo especialmente, jamás se reglamentó.

Y que es algo que sigue en el radar del círculo rojo pese a que son muy pocos los gremios que como modalidad de protesta interrumpen el ingreso o egreso de personal en fábricas. La gestión libertaria deberá decidir en estos días que hace: si cumple con el pedido empresarial o si enfrentará, una vez más, a la central obrera que apostará a distintos frentes (como el judicial y el parlamentario) para frenar el proyecto.