El DNU de Milei que empodera a la SIDE suma frentes en el Congreso y la justicia

Mientras La Libertad Avanza se enfoca en seducir gobernadores para blindar la reforma laboral en el Senado, el bloque del peronismo diseña una meticulosa ofensiva contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025 que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Frente a la parálisis de la comisión bicameral que regula los DNU en el Congreso por el receso legislativo de verano, la bancada que conduce José Mayans junta firmas para un proyecto de ley que podría ser debatido a partir del 1 de marzo, en sesiones ordinarias, con el objetivo de voltear la disposición de Javier Milei.

El proyecto del PJ que busca dejar sin efecto la reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 califica el DNU presidencial «como inconstitucional, discrecional y peligroso», al advertir en sus considerandos que habilita un salto hacia esquemas de vigilancia masiva, sin controles democráticos ni debate parlamentario. En ese sentido, remarcó que el uso del DNU para modificar un marco normativo tan sensible vulnera la división de poderes y debilita las garantías constitucionales.

El proyecto se basa en varios ejes de impugnación, utilizando en parte un análisis del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al que cita textualmente al indicar la creación de una «policía secreta” dadas las atribuciones que otorga el DNU, incluyendo la posibilidad de detener personas sin orden judicial. Por otro lado, menciona que este decreto pone un manto de legalidad a un espionaje antidemocrático e inconstitucional, señalando que, al expandir las facultades de contrainteligencia, se consolida la lógica del «enemigo interno» y se habilita el espionaje por razones políticas, sindicales o periodísticas, prácticas expresamente prohibidas por la ley 27.126 que el propio DNU 614 de 2024 derogó.

En efecto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una acción de amparo colectivo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo reformó aspectos centrales de la Ley de Inteligencia Nacional. La organización solicitó que se declare la nulidad absoluta e inconstitucionalidad de la norma y reclamó una medida cautelar urgente para suspender parte de sus efectos.

En relación con el carácter colectivo de la acción, el escrito subrayó que el decreto constituye una “causa normativa común”cuyos efectos alcanzan a un universo amplio e indeterminado de personas y organizaciones. “Nadie puede gozar individualmente de la vida en democracia si no tiene garantizada la libertad para desarrollar su plan de vida, su participación social y política y su comunicación libre”, sostuvo el CELS al fundamentar la necesidad de una protección judicial de alcance general.

En la misma línea, el proyecto del PJ en el Senado cuestiona que el decreto concentre en la SIDE la elaboración, administración y control de todo el presupuesto de inteligencia, configurando esquema opaco y discrecional que hace peligrar el control democrático. Por último, señala que la creación de la «Comunidad Informativa Nacional» para integrar datos en tiempo real, sin un marco robusto de control, «habilita prácticas de vigilancia masiva» y convierte a organismos como el ReNaPer y la ARCA en «brazos ejecutores de la vigilancia estatal».

Más allá del contenido específico, la iniciativa del peronismo cargó también contra el mecanismo utilizado. «El Poder Ejecutivo no puede reformar la Ley de Inteligencia por decreto,» afirmó y remarcó que no existe la «necesidad y urgencia» que exige la Constitución para validar un DNU, aclarando que el presidente tenía la posibilidad de modificar la Ley de Inteligencia mediante la elaboración de un proyecto, y no arrogándose facultades propias del Poder Legislativo.

Desde el Senado, se planteó la necesidad de recuperar el rol del Poder Legislativo en la discusión de políticas públicas estratégicas y de garantizar que cualquier reforma en materia de inteligencia se realice con transparencia, límites claros y pleno respeto por los derechos fundamentales. «Este no es solo un DNU. Es la consolidación, vía decreto, de un sistema de control y vigilancia que cercena libertades, concentra poder de manera extrema y nos retrotrae a épocas que creíamos superadas. Es un golpe a la división de poderes y un salto al abismo institucional. El Congreso debe reafirmar su autoridad y derogar este instrumento inconstitucional», concluye el proyecto.