Pascua negra para Milei: tambalea el gabinete y paliza ante la justicia

Semana corta pero dramática para Javier Milei en términos políticos. Las Pascuas no le dan respiro al gobierno nacional que padece una profunda crisis de gabinete con Manuel Adorni contra las cuerdas y un debut errático de Juan Bautista Mahiques.

En la Casa Rosada ya no saben cómo escapar a la crisis diaria que los somete el jefe de gabinete. Adorni no para de acumular escándalos y denuncias judiciales hundiendo a La Libertad Avanza en las encuestas y sin poder retomar el control de la agenda ante la opinión pública. El funcionario fue imputado en la causa que investiga el juez Ariel Lijo por el vuelo privado a Punta del Este pagado por el periodista Marcelo Grandio, contratista de la TV pública. Suma además complicaciones por la compra de un departamento en Caballito y una lujosa casa en un barrio privado que no figuran en su declaración jurada.

Los hermanos Milei ya debaten en la intimidad qué hacer con Adorni frente a lo que se transformó en una crisis de gabinete que llevó a suspender sus conferencias de prensa en la Casa Rosada y citarlo de urgencia este miércoles a Olivos. En paralelo, continúan las filtraciones de audios de Mauricio Novelli, el empresario cripto que desnuda el negocio montado con el Presidente para promocionar $Libra y que salpica además a Karina Milei y a otros funcionarios. Todo en menos de 72 horas fatídicas donde la justicia nacional del trabajo volteó además 82 artículos de la reforma laboral.

Para coronar esta semana negra, la Cámara Federal Contencioso Administrativa rechazó el recurso del Estado Nacional y ratificó la medida que ordena cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Un fallo que disparó pases de factura porque se dilató la discusión de una nueva ley en el Congreso y se desperdició un principio de acuerdo con los rectores buscar una salida a la crisis que le costará al gobierno unos 2,7 billones de pesos en aumentos a personal docente y no docente.

La iniciativa había sido enviada al Congreso en el marco de un acuerdo político que buscaba avanzar con una nueva normativa que evitara la aplicación de la actual ley, considerada inviable desde el punto de vista presupuestario. El entendimiento con las universidades era de por sí frágil, dada la complejidad del tema y la diversidad de actores involucrados. En ese contexto, la interna dentro del oficialismo terminó afectando el curso legislativo y volvió a poner en el centro de la escena la estrategia del Gobierno en el Congreso.

El tratamiento del proyecto se dilató y ni siquiera llegó a ser dictaminado en comisión. En paralelo, y en medio de movimientos en el ámbito judicial vinculados al juez Juan Bautista Mahiques, sectores del oficialismo apostaron a obtener un fallo favorable que evitara la necesidad de sostener el acuerdo legislativo. Esa expectativa derivó en una estrategia de postergación y, confiados en un eventual respaldo judicial, impulsaron gestiones en tribunales mientras se enfriaba el tratamiento parlamentario. Como consecuencia, el acuerdo político comenzó a erosionarse.

Los rectores de las universidades, que formaban parte del entendimiento inicial, advirtieron que las demoras tornaban inviable sostener el consenso alcanzado. El paso del tiempo sin avances concretos en el Congreso terminó por desarticular el respaldo necesario para sancionar la ley. El fallo adverso dejó al descubierto las falencias en la conducción política del proceso y reavivó las críticas por la falta de gestión parlamentaria en un tema de alta sensibilidad institucional.